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En los últimos meses la sociedad civil ha tenido un papel fundamental en la discusión del combate a la corrupción en México. Además de evidenciar el mal uso del poder y recursos públicos que día a día ejercen funcionarios de todos los partidos, hemos logrado afianzar la participación política ciudadana mediante la propuesta de soluciones concretas mediante mecanismos institucionales, ya que en tan sólo dos meses más de 50 agrupaciones de la sociedad civil fungimos como el canal mediante el cual 634,143 ciudadanos expresaron su hartazgo y arroparon, mediante su firma, un curso de acción: la Ley 3de3.

Si bien esta iniciativa de ley contiene elementos fundamentales para el combate a la corrupción en el país, reconocemos que éste requiere de una transformación profunda que dote a las instituciones de herramientas y atribuciones necesarias para contar con un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) sólido y funcional. Por ello, es necesario que además de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3de3) se creen otras seis leyes con el mismo rigor técnico y sobre todo, con el mismo grado de participación de la sociedad civil.

Es por esto que además de luchar por la aprobación de una iniciativa apoyada por más de medio millón de mexicanos, consideramos necesario ser también actores clave en la discusión de las siguientes leyes, que en conjunto darán pie al Sistema Nacional Anticorrupción.

  1. Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3de3)

Esta ley tiene como propósito delimitar las obligaciones y comportamiento de los funcionarios públicos así como las sanciones administrativas para aquellas personas o funcionarios que incurran en actos de corrupción. Es fundamental que esta ley incorpore a partidos políticos, sindicatos y equipos de transición como sujetos de sanción y que además tipifique claramente los actos de corrupción y el proceso mediante el cual serán investigadas y desmanteladas las redes de corrupción.

  1. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Esta ley tiene como objetivo establecer las bases de coordinación y colaboración entre las siete instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción[1]. En específico, define cómo estas instituciones van a diseñar y evaluar las políticas públicas de prevención, control y disuasión de actos de corrupción. Es importante enfocar la discusión en cómo será elegido el Comité de Participación Ciudadana y el peso que éste tendrá dentro del Sistema.

  1. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

La creación del Sistema Nacional Anticorrupción supone la institución de un Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la cual será la institución encargada de imponer las sanciones a funcionarios y privados que incurran en faltas administrativas graves. Esta ley orgánica establece cómo deberá de organizarse y funcionar dicho tribunal.

  1. Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República

Una de las figuras clave del Sistema Nacional Anticorrupción es la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ya que resultaría impensable  concebir un Sistema completo sin la institución encargada de perseguir e investigar actos de corrupción. No obstante, la Ley Orgánica de la Fiscalía General se mantiene estancada en el Congreso. Es fundamental destrabar la discusión de esta ley y asegurarse que dote a la Fiscalía Especializada de independencia técnica y operativa para perseguir delitos de corrupción. También, es importante que el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada no dependa únicamente del Fiscal General de la República.

  1. Adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

La reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción necesita de adecuaciones a esta ley que den marcha atrás a la desaparición de la Secretaría de la Función Pública que fue prevista en 2013 y que además faculte a esta Secretaría como la responsable del control interno de la Administración Pública Federal. Las reformas a esta ley deben de proveer a la Secretaría de la Función Pública de todas las herramientas y atribuciones para poder prevenir, identificar y sancionar faltas administrativas no graves.

  1. Adecuaciones al Código Penal

Es fundamental que los funcionarios y personas corruptas sean sancionados no sólo con inhabilitaciones y multas, por lo que es necesario reformar el Código Penal para incorporar con claridad la tipificación de delitos de corrupción y sus procesos de investigación. Por igual, es necesario establecer mecanismos de cooperación entre las autoridades que investiguen faltas administrativas con aquellas que investiguen delitos penales para evitar que por el mismo acto de corrupción se integren dos expedientes distintos.

  1. Adecuaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

Uno de los grandes logros de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción fue el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación. Es necesario reformar esta ley para permitir a la Auditoría fiscalizar recursos públicos en tiempo real y no esperar a que concluya la cuenta pública, para que pueda fiscalizar cuentas públicas de años anteriores producto de denuncias o escándalos y por último, para que pueda fiscalizar las participaciones federales que son entregadas a los estados.

[1] Auditoría Superior de la Federación, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Secretaría de la Función Pública, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Comité de Participación Ciudadana.

Descarga el documento completo aquí.

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