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Agradezco a las organizaciones académicas y sociales que me han pedido tomar la palabra en este acto.

Agradezco también, y muy especialmente, a las más de 634 mil personas que confiaron en la vía institucional para promover la primera iniciativa ciudadana que es dictaminada y votada en el Congreso, y a partir de hoy, la primera en la historia del país que es promulgada.

Decidimos ejercer nuestro derecho a presentar una iniciativa ciudadana, porque queremos transformar, a través de las instituciones, el régimen en el que vivimos y restaurar algo de la confianza que las y los mexicanos deberíamos tener en nuestras autoridades.

Decidimos participar activamente en el proceso legislativo, porque hay una herida abierta en el cuerpo social de nuestra república.

Corrupción e impunidad dañan la vida democrática, el desarrollo social, la reputación internacional de nuestro país y la garantía de los derechos humanos de las personas.

La corrupción deteriora la calidad de los servicios de salud, de transporte o educativos; distorsiona la ejecución de programas y acciones públicos, inhibe el acceso a la justicia y es una amenaza directa a la seguridad pública y ciudadana.

La corrupción afecta licitaciones, permisos y concesiones públicas, y daña profundamente la naturaleza de la vida político-electoral del país mediante el financiamiento ilegal de las campañas.

La corrupción nos afecta a todos, pero en especial atenta contra los menos favorecidos en nuestra comunidad. La corrupción se ha convertido en el impuesto más regresivo que pagan los hogares mexicanos: 33% del ingreso de una familia que gana un salario mínimo se destina al pago de sobornos para acceder a trámites y servicios.

Esta herida necesita sanar.

Por la sustentabilidad del sistema político y la continuidad de la democracia, los mexicanos y mexicanas necesitamos ver cambios y hechos.

Las leyes no son suficientes para transformar la realidad, pero el diseño actual de nuestras normas e instituciones es el cimiento principal del Estado de Impunidad que caracteriza a nuestra democracia.

Necesitamos transitar a un Estado de derechos, así, en plural, un país donde los derechos se ejerzan todos los días, un Estado cimentado en un nuevo entramado legal e institucional que asegure el cumplimiento de los derechos de nuestra carta magna en la vida cotidiana de las personas.

Conscientes de que las organizaciones académicas y civiles no legislan, no votan en el Congreso, ni toman partido, decidimos presentar la Iniciativa Ciudadana “Ley 3de3”, y también compartir información y conocimiento con todo legislador o grupo parlamentario que estuvo dispuesto a intercambiar estudios, experiencias internacionales y posturas técnicas.

En los pasados seis meses, académicos, especialistas y organizaciones civiles hicimos recomendaciones para las siete iniciativas que conforman este primer paquete legislativo. Nuestro reconocimiento a los y las legisladoras que abrieron las puertas del Congreso a las opiniones y recomendaciones ciudadanas.

Además de la máxima publicidad para las declaraciones patrimonial, de intereses y de impuestos, queremos un Sistema Nacional Anticorrupción que responda al hartazgo social ante la corrupción y la impunidad; un sistema que sea capaz de desmantelar redes de corrupción que operan en todo el país; un Sistema que no deje un solo peso público sin apropiada fiscalización y ninguna irregularidad sin ser investigada y sancionada apropiadamente.

El Sistema Nacional Anticorrupción tal vez no pueda hacer que un gobierno con recursos escasos, los multiplique, pero sí contribuir a que su uso atienda efectivamente los propósitos para los cuales están destinados. Este nuevo sistema puede liberar a las familias que viven en condiciones de pobreza y marginación de utilizar sus recursos escasos en el pago de esta dolorosa y regresiva carga financiera.

Un sistema anticorrupción complemento es indispensable para invertir mejor recursos escasos, y para derribar barreras a las pequeñas y medianas empresas que son extorsionadas cotidianamente tanto por el crimen organizado como por funcionarios deshonestos.

En los próximos meses, trabajaremos desde la sociedad civil por construir un Sistema Anticorrupción que funcione en todo el país de manera coherente, consistente y efectiva. Un sistema que aprenda de sus errores y los corrija inmediatamente. Ya no un conjunto de instituciones fragmentadas, sino un auténtico sistema para prevenir, investigar y sancionar la corrupción de empresas y servidores públicos.

Las siete leyes que se promulgan el día de hoy, inauguran una etapa de profundas transformaciones para la vida pública del país.

En los próximos meses, además de asegurar la correcta implementación de estas siete leyes, las organizaciones académicas y civiles impulsaremos una nueva agenda legislativa que incluye, entre otras normas, a la ley de adquisiciones y la ley de obra pública, la ley de contrataciones públicas, la ley del registro público de la propiedad, modificaciones a la ley de responsabilidad fiscal y hacendaria, a los códigos de procedimientos electorales y al financiamiento de la vida político-electoral, de forma que se continúe avanzando en consolidar un paquete legislativo que ataque de raíz las causas de la corrupción.

Como sociedad civil organizada, pondremos especial atención a la transformación de las instituciones encargadas de implementar esta nueva legislación y al nombramiento de sus nuevos titulares.

Una prioridad para este grupo de organizaciones civiles y académicas es la creación de la Fiscalía General de la Nación como pieza central para construir un sistema donde la impunidad sea la excepción y no la regla.

Observaremos la designación de los funcionarios encargados de los órganos que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, de forma en que se avance en la profesionalización del Estado con un servicio civil que sea cada vez más robusto, ajeno a los vaivenes políticos y que garantice con su profesionalismo una lucha eficaz para prevenir y combatir la corrupción.

Seremos observadores atentos y críticos del trabajo de los cinco ciudadanos y ciudadanas que presidirán el Sistema, de quienes esperamos el mismo profesionalismo que exigimos a los servidores públicos.

En la tarea compartida como sociedad para combatir la corrupción, es imprescindible que las investigaciones de las instituciones del Estado mexicano sean acompañadas de la crítica independiente, puntual y valiente de los medios de comunicación.

La joven democracia requiere de su papel para no olvidar casos lamentables de corrupción -pública y privada- y para que la ciudadanía mantenga su exigencia para combatir y castigar frontalmente a quienes incurran en estas prácticas. Y es también por ello que para afianzar su independencia es necesario regular correctamente la publicidad gubernamental, de forma que se ataje cualquier intento de influenciar la cobertura que los medios hacen de la vida pública del país.

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Este es un acto de Estado. Lo es porque están presentes los Poderes de la Unión, pero también porque, sin perder nuestra independencia política, estamos presentes los ciudadanos.

634 mil personas confiaron en que podemos cambiar al país desde las instituciones. Hicieron de lado la rabia, el dolor, la frustración. Invirtieron su tiempo en recolectar firmas y en invitar a otros a creer en que es posible cambiar las cosas.

Estamos aquí, porque nos negamos a que corrupción e impunidad sean vistas como atributo de nuestra comunidad; estamos aquí porque no queremos que la corrupción sea vista como parte de nuestra cultura o nuestros valores; estamos aquí para que estos lastres ya no dicten nuestro estilo de vida.

Estamos aquí para colaborar con las autoridades de todo signo político en la construcción de un sistema íntegro, próspero, justo, sin desigualdad.

Esta no es una tarea exclusiva del gobierno, y por eso estamos aquí, como parte de una sociedad civil plural capaz de organizarse y de contribuir a esta tarea.

México tiene en sus universidades, centros de investigación y organizaciones civiles el talento necesario para arrinconar a la corrupción en todas sus formas: trámites y servicios, procedimientos judiciales, licitaciones, permisos y concesiones.

Abramos las puertas de nuestras instituciones a esa ciudadanía innovadora, capaz de cuestionar y de construir con su gobierno.

Hagamos de nuestras instituciones gobiernos y congresos abiertos, capaces de sentarse con la ciudadanía a definir las acciones que nuestro país necesita.

Gobiernos y congresos abiertos a la crítica, a las posiciones informadas, a los estudios independientes, a escuchar las razones de otros que decidieron no ser gobierno, pero que no por ello se alejan de los asuntos públicos.

Señoras, señores,

A cada generación de mexicanas y mexicanos le ha tocado un reto en la construcción de nuestra vida pública. A la nuestra le toca la enorme responsabilidad de desterrar corrupción e impunidad como formas de vida cotidiana de nuestro país.

En toda democracia, la sociedad civil cumple un papel central. Hoy reconocemos un avance significativo con este primer paquete de siete leyes que da lugar al nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero este grupo amplio y plural de ciudadanos, anhela mucho más para nuestro país. Que no quede duda: #VamosPorMás

Muchas gracias.

Eduardo Bohórquez (Transparencia Mexicana)

Enlace de las organizaciones académicas y civiles con el Congreso y representante para la promulgación de las siete primeras leyes del paquete anticorrupción

Javier Angulo (CIDE), Óscar Arredondo (Fundar), Guillermo Ávila (Fundar), Mercurio Cadena (CIDE), Enrique Cárdenas (Centro de Estudios Espinosa Yglesias), María Amparo Casar (Mexicanos Contra la Corrupción), Enrique Díaz-Infante (Centro de Estudios Espinosa Yglesias), Marco Fernández (Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey y México Evalúa) Sergio Huacuja (Barra Mexicana Colegio de Abogados), Max Kaiser (IMCO), Francisco López (COPARMEX), Sergio López-Ayllón (CIDE), Mauricio Merino (Red por la Rendición de Cuentas), Lourdes Morales (Red por la Rendición de Cuentas), María Elena Morera (Causa en Común), Juan Pardinas (IMCO), Haydeé Pérez Garrido (Fundar), Alejandro Rios (COPARMEX), José Roldán Xopa (CIDE), Pedro Salazar (Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM).

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